La propuesta de introducir una excepción a la regla fiscal bajo el concepto de «Regla Fiscal Verde», que se incluiría en el proyecto de Reforma tributaria 2024 del Gobierno Petro, buscaría excluir de estas normas de control y prudencia económica, el gasto en proyectos de transición energética.
Dicha propuesta plantea varias implicaciones que deben evaluarse a la luz de las normas y parámetros internacionales de regla fiscal, 1 generalmente enfocadas en mantener la sostenibilidad fiscal y evitar desequilibrios a largo plazo. Si bien la propuesta se ha presentado como una necesidad para promover la transición energética, sólo se justificaría y dejaría de ser una amenaza si se logra asegurar que se utilizará únicamente para promover proyectos de alto impacto, que ofrezcan retornos de crecimiento y de impacto social y económico en el mediano y largo plazo.
Algunas consideraciones clave que seguramente serán objecto de discusión en los próximos meses, por parte de expertos y economistas, serían:
1. Conveniencia de Flexibilizar la Regla Fiscal: Las reglas fiscales buscan establecer límites al endeudamiento y al gasto público para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y, en principio, no deberían ser flexibles pues eso afectaría el cumplimiento de dichos objetivos . No obstante, en algunos casos, se acepta la flexibilización de estas reglas ante gastos que impulsan el crecimiento económico o responden a emergencias, como por ejemplo, fue el caso de la pandemia. La transición energética puede ser vista como una inversión estratégica que genera beneficios de largo plazo (como la reducción de emisiones y la diversificación energética, o el desarrollo industrial alternativo), lo cual podría justificar, en teoría, la excepción. Obviamente, la improvisación en esta materia podría traer consecuencias gravísimas para la economía del país.
2. Evaluación de Sostenibilidad a Largo Plazo: Los proyectos de transición energética, aunque costosos inicialmente, podrían tener un impacto positivo en la sostenibilidad fiscal a largo plazo si se traducen en mejoras económicas como la creación de empleos, reducción de dependencia energética externa y mitigación de riesgos ambientales. Sin embargo, será clave evaluar cuidadosamente el retorno de la inversión y asegurarse de que no se afecte la estabilidad fiscal futura, que los proyectos sean realmente de alto impacto y que esos recursos se inviertan con responsabilidad y no se vuelvan plata de bolsillo o una simple excusa para aumentar el gasto público.
3. Riesgos de Precedentes: Una de las preocupaciones de modificar reglas fiscales es que estas excepciones pueden sentar precedentes para introducir otras exclusiones al gasto fiscal, por ejemplo, tratar de establecer que todos los gastos que se quieren hacer tienen relación directa o indirecta con la sostenibilidad verde. Si bien el propósito verde podría ser considerado un bien público global, sería necesario establecer controles claros para evitar que el gasto en transición energética sea utilizado de manera indiscriminada o sin los retornos esperados.
4. Normas Internacionales y Ejemplos Comparables: En algunos países, se han implementado reglas fiscales que permiten cierta flexibilidad para el gasto en inversión pública, siempre que se enmarque dentro de límites bien definidos y se justifique en función de criterios específicos, como la mejora del crecimiento potencial o la mitigación de riesgos sistémicos. El concepto de «regla fiscal verde» podría alinearse con estos enfoques, siempre que se mantengan mecanismos robustos de transparencia y control.
En resumen, la viabilidad de una «regla fiscal verde» dependerá de su diseño y de cómo se balanceen los objetivos de sostenibilidad fiscal con las inversiones a largo plazo en transición energética. Es crucial que dicha excepción esté acompañada de salvaguardas claras para no comprometer las finanzas públicas en el futuro, y de un marco de medición del impacto económico, social y ambiental de estas inversiones.
En estos momentos de incertidumbre y de falta de credibilidad en la capacidad de ejecución del Gobierno, ¿será prudente que el Congreso entregue este cheque en blanco a costo de afectar aún mas el déficit fiscal?
Por
Jose Andrés Romero
1 Fondo Monetario Internacional (FMI): Fondo Monetario Internacional, Fiscal Rules at a Glance, 2020. Disponible en: https://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/map/map.htm